La gestión realizada por este equipo de gobierno fue transparente y absolutamente ajustada a la legalidad. Aquí no se trata de ir a una caza de brujas contra el PSOE como dice el Sr. Martínez Argüelles, sino que trabajamos para mejorar la ciudad y para conseguir objetivos como los alcanzados en el ámbito social ante la delicada situación que están pasando muchas familias.
Cuando nos hemos encontrado con actuaciones irregulares realizadas por la anterior Corporación socialista lo hemos puesto en conocimiento de los tribunales, que son los que deben decir si existen o no irregularidades.
No podemos negar que ha habido cuestiones que debemos poner en duda, y que están en los Juzgados de Instrucción de Gijón iniciándose actuaciones de carácter penal.
La Audiencia Nacional ha iniciado diligencias previas ante una obra tan importante para Gijón como es El Musel. Esas diligencias no han sido puestas de manifiesto por el Ayuntamiento o por este equipo de gobierno, sino por una fiscal adscrita a la Fiscalía Anticorrupción en base a unas investigaciones realizadas, de las que habrá unas decisiones y unas imputaciones.
No viene bien absolutamente para nadie que un Juez de la Audiencia Nacional haya iniciado unas diligencias penales ante un supuesto concierto de voluntades entre diversas empresas y la Autoridad Portuaria en relación a una serie de presuntos delitos.
Desde el Ayuntamiento no dirigimos nuestra gestión diaria a ver si encontramos irregularidades porque tenemos cosas más importantes que hacer, pero en aquellos supuestos en los que hay que tomar determinadas decisiones, lógicamente no nos tiembla la mano para hacerlo. Dejamos trabajar a la Justicia para que tome las decisiones que correspondan.
Es muy claro el ejemplo del rescate de las cocheras. Nosotros actuamos por el bien de Gijón, con un objetivo: que los ciudadanos de Gijón tengan que poner el menor dinero posible de cara a situaciones generadas por el PSOE. Santiago Martínez Argüelles firmó un contrato que fue un auténtico despropósito, un contrato que vinculaba a los gijoneses por un plazo de 30 años con unos intereses que suponían más de 80 millones de euros. En este caso, no hicimos una caza de brujas sino que solventamos una situación con un resultado muy provechoso para los intereses de Gijón.